Cúcuta descongestiona cárceles: más de 250 reclusos fueron trasladados del centro urbano

Con el traslado de más de 250 personas privadas de la libertad hacia el Complejo Penitenciario Metropolitano, la administración municipal de Cúcuta busca reducir el hacinamiento en estaciones y CAI de la ciudad.

Redacción: Daniela Leal – Periodista TRO Digital

La Alcaldía de Cúcuta confirmó que, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Policía Metropolitana, se adelantó una jornada de traslados masivos de personas privadas de la libertad. El objetivo es descongestionar las estaciones de Policía y mejorar las condiciones de custodia tanto para los detenidos como para los uniformados.

Los reclusos trasladados enfrentan procesos judiciales por delitos de alto impacto como homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Según el secretario de Gobierno, Miguel Castellanos, esta medida permitirá que los policías retomen labores de patrullaje y seguridad ciudadana, en lugar de estar destinados a custodiar detenidos en recintos temporales.

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Créditos: Alcaldía de Cúcuta

La jornada se realizó en cumplimiento de la Sentencia Unificada 122 de 2022 de la Corte Constitucional, que ordena a los municipios adoptar acciones concretas para enfrentar el hacinamiento carcelario. En el caso de Cúcuta, la situación había generado alertas debido a la sobrepoblación en estaciones que no cuentan con infraestructura adecuada para la reclusión.

El alcalde Jorge Acevedo aseguró que estos traslados no solo representan un alivio para las estaciones y los CAI, sino también un paso en el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Además, destacó que Cúcuta es una de las primeras ciudades del país en ejecutar de manera efectiva convenios de este tipo con el INPEC.

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De acuerdo con la administración municipal, los traslados continuarán en los próximos meses hasta lograr una reducción significativa del hacinamiento. El reto ahora es mantener una articulación constante entre autoridades locales, el INPEC y el Gobierno Nacional, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y condiciones dignas para los internos.

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