El páramo de Santurbán vuelve a ser el epicentro de un fuerte sismo político y ambiental en Colombia. La decisión del Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga de suspender provisionalmente la polémica Resolución 0992 —con la que el anterior gobierno de Gustavo Petro pretendía consolidar una delimitación “progresiva” del ecosistema— desató un torrente de reacciones encontradas que evidencian la profunda fractura entre las decisiones de escritorio tomadas en Bogotá y la realidad que se vive en las montañas de Santander.
Para las comunidades de la provincia de Soto Norte, el fallo judicial no es un asunto meramente técnico; es un tanque de oxígeno frente a lo que sentían como una imposición apresurada y sorda.
Ministerio de Ambiente: “Todo lo que hicieron estaba mal hecho”
La postura de la actual cartera ambiental, ahora liderada por Fabio Arjona bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, no tardó en salir a la red social X para lanzar un duro dardo contra la gestión de sus antecesores:
“Todo lo que hicieron en Santurbán estaba mal hecho. Estas son las consecuencias de hacer todo a las carreras y sin la debida participación… y lo dice un juez”.
La Alcaldesa de Vetas: El fin de una “delimitación exprés”
En el municipio de Vetas, la alcaldesa Angélica María García recibió la noticia afirmando que el fallo judicial es un acto de justicia frente al “capricho ideológico” de un gobierno anterior que, según denuncia, tiró a la basura años de concertación técnica.
“Nos sentimos muy felices del fallo judicial… suspendiendo la resolución por medio de la cual el gobierno anterior había hecho una delimitación exprés”, afirmó la mandataria.
García recordó con frustración que las comunidades se habían sentado juiciosamente en más de 32 mesas técnicas con el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Humboldt para trazar un camino concertado. Todo ese esfuerzo, asegura, fue desconocido de un plumazo.
Asomineros Vetas: “Irene Vélez la sacó a última hora recusada”
Desde el sector minero tradicional, Ivón González, presidenta de Asomineros Vetas, describió la tumbada resolución como una medida “mal hecha, ilegal y antitécnica”, impulsada a las carreras con un evidente tinte populista de cara a las contiendas electorales regionales.
González expuso las profundas contradicciones internas que marcaron los últimos días del gobierno anterior. Recordó cómo en 2023 la entonces ministra Susana Muhamad había advertido que una delimitación parcial violaba el espíritu de la Corte Constitucional. Sin embargo, la historia dio un giro sorpresivo:
“Irene Vélez a última hora decidió sacarlo el último día recusada, inclusive dejó a manos de otro ministro que también tenía muchos impedimentos”
Para la líder gremial, el fallo del juez les devuelve la tranquilidad y abre la puerta para exigir que se respeten las más de 35 reuniones de concertación que los municipios de Vetas y California adelantaron bajo el amparo de la Sentencia T-361. “Queremos hacer las cosas bien”, enfatizó, con la mira puesta en un proceso verdaderamente científico y participativo.
El destino del Páramo de Santurbán queda ahora en un compás de espera, mientras el Ministerio de Ambiente se ve obligado a desenredar el nudo jurídico de las recusaciones pendientes y a entregar la información que le ocultó a la ciudadanía.
