La licencia menstrual en Colombia ya es una realidad para las trabajadoras del sector público que presenten síntomas incapacitantes durante su periodo. Este nuevo derecho, derivado de la reforma laboral aprobada en 2025, comenzó a implementarse por etapas y marca un avance en el reconocimiento de la salud menstrual como parte de las condiciones laborales.

La reforma laboral aprobada en 2025 comenzó a aplicarse por etapas, y uno de los cambios que ya empezó a sentirse en el sector público es la licencia menstrual remunerada para mujeres que presenten síntomas incapacitantes durante su periodo. El permiso, que solo se otorga con certificación médica, marca un precedente en materia de salud menstrual y condiciones laborales.

Redacción: Nayerly Garcia – Periodista TRO Digital

La medida comenzó a implementarse en varias entidades estatales, entre ellas RTVC, donde ya se expidió la resolución que permite un día de licencia y dos días de trabajo en casa para quienes registren dolores incapacitantes. Según la gerencia de la entidad, el propósito es reconocer que los síntomas menstruales intensos pueden afectar el desempeño y requieren un manejo adecuado dentro del entorno laboral.

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Primeras entidades que aplican la medida

Camila Manzanares, asesora de género de RTVC, explicó que esta implementación abre discusiones sobre las desigualdades que viven mujeres rurales, campesinas y de zonas periféricas para acceder a diagnósticos y certificaciones médicas. Para ella, el reconocimiento del bienestar menstrual en el trabajo “no solo es simbólico, también impulsa un ajuste necesario en las condiciones laborales”.

¿Quiénes pueden solicitar la licencia?

El beneficio aplica únicamente para trabajadoras del sector público, tal como quedó establecido en la Ley 2466 de 2025.
Para acceder, deben presentar un certificado médico que indique que los síntomas afectan su capacidad laboral.

Más obligaciones dentro de la reforma

La nueva normativa laboral también introdujo un cambio que impacta al sector privado: una cuota mínima de contratación para personas con discapacidad. La medida tiene un año de implementación voluntaria —de junio de 2025 a junio de 2026— y luego será obligatoria para todas las empresas.

Para que un trabajador sea incluido en la cuota, debe contar con la Certificación Oficial de Discapacidad avalada por el Ministerio de Salud. Esto garantiza que las empresas cumplan el requisito bajo un estándar único.

Organizaciones como la Fundación Saldarriaga Concha señalaron que, si bien los derechos laborales de las personas con discapacidad han sido reconocidos por años, su cumplimiento ha sido limitado por prejuicios y barreras estructurales en la contratación. Por eso, consideran que esta reforma representa un impulso para reducir brechas en el acceso al empleo formal.