La reactivación de las aspersiones aéreas con herbicidas sobre los cultivos de coca en Colombia no es solo un debate técnico en los despachos ministeriales de Bogotá; para el campesinado del Catatumbo, es un anuncio que amenaza con desatar un nuevo ciclo de confrontación social, ruina económica y crisis humanitaria.
Mientras el nuevo Gobierno nacional acelera los preparativos para el retorno de las aeronaves de fumigación, las comunidades rurales advierten que asperjar sustancias químicas sobre sus parcelas destruirá la precaria economía campesina y los escasos procesos de sustitución voluntaria vigentes, empujando de nuevo a la región a la zozobra y a la confrontación directa con la Fuerza Pública.
El debate sobre el regreso de las fumigaciones forzadas tomó fuerza definitiva tras el primer discurso presidencial de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026.
“herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”.
Este compromiso forma parte del tercer capítulo de su plan de gobierno, titulado “La seguridad de la Patria Milagro”, donde se traza como meta destruir las 330.000 hectáreas de coca registradas en el país mediante una combinación de aspersión aérea, erradicación manual, extinción de dominio exprés y extradición.
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¿Cuándo y cómo?
Los planes del Gobierno nacional contemplan un plan piloto estructurado por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) que podría comenzar a implementarse en menos de un mes. El químico seleccionado para sustituir al glifosato en esta fase experimental es el glufosinato de amonio, un herbicida comercializado por la multinacional Bayer que ya fue evaluado en pruebas de la Policía en departamentos como Huila, Nariño y Tolima en el año 2016.
Aún así, Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al glufosinato de amonio en la Clase II como “moderadamente peligroso”, mientras que el glifosato tradicional pertenece a la Clase III como “ligeramente peligroso”. Esto significa que, bajo los parámetros internacionales de toxicidad aguda, la nueva sustancia que el Gobierno planea rociar desde aeronaves tripuladas es considerablemente más peligrosa.
Aunque el plan piloto excluye formalmente a las áreas protegidas y territorios étnicos, su viabilidad aún depende de conceptos favorables del Instituto Nacional de Salud (INS), de la licencia de la ANLA y de las autorizaciones del ICA y la Aerocivil.
La insistencia gubernamental en retomar la vía aérea responde a las cifras históricas reportadas por la comunidad internacional. El informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el sistema SIMCI, reveló que el área sembrada con coca en Colombia alcanzó un récord histórico de 261.000 hectáreas calculadas al 31 de diciembre de ese año.
El departamento de Norte de Santander se consolidó en el tercer lugar de afectación a nivel nacional, por detrás de Nariño y Putumayo, registrando 48.739 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que representó un incremento del 11% respecto al año anterior.
En la región del Catatumbo, el municipio de Tibú ocupa el segundo lugar nacional con 25.911 hectáreas sembradas (concentrando más del 52% del cultivo en la subregión), mientras que El Tarra se ubica en la octava posición nacional con 7.665 hectáreas.
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La verdadera complejidad: “El Cocacentrismo”, tejido social que reemplazó al Estado
Para comprender la resistencia campesina a las aspersiones forzadas, es indispensable entender que, en el Catatumbo, la coca no es simplemente una mercancía ilícita: es el núcleo articulador del tejido social, la cultura y la vida cotidiana.
En un amplio reportaje multimedial publicado por el equipo de investigación de Wichos Informa, se define este fenómeno como “cocacentrismo”. Ante el abandono crónico del Estado y la falta de infraestructuras lícitas de desarrollo, la economía de la coca reemplazó las funciones gubernamentales básicas, financiando de manera directa la salud, la construcción de escuelas, el mejoramiento de las viviendas veredales y el acceso a la educación superior de los jóvenes de la región.
Un ejemplo de ello son los casos de Libanith Ascanio y Osman Sanguino, dos jovenes que, según el reporte de Wichos Informa, trabajaron como raspadores de coca en el Catatumbo (o “raspachínes”) y que utilizan las ganancias de esa cadena de economía ilícita para costearse las carreras de Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Sistemas y mantener a sus familias.
Durante el auge del negocio cocalero entre 2015 y 2019, la rentabilidad era tal que un raspachín promedio podía ganar hasta $100.000 COP al día, equivalentes a casi dos salarios mínimos vigentes en el país.
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El testimonio de los campesinos del Catatumbo
Desde la perspectiva comunitaria, la erradicación forzada y la aspersión con herbicidas son interpretadas directamente como “un mensaje de guerra y no de paz”. En entrevista con TRO Digital, Wilder Mora, representante de la COCCAM Catatumbo, explicó detalladamente por qué las medidas punitivas de fuerza solo logran agravar la violencia en los territorios.
Mora enfatiza que un campesino al que se le fumiga o erradica el cultivo a la fuerza volverá a sembrar coca de inmediato porque la necesidad de alimentar a su familia persiste y el Estado no le ofrece ninguna alternativa productiva viable, ni vías de acceso, ni servicios básicos de salud o educación.
Mora también afirma que existe el temor generalizado de que, si las familias eliminan voluntariamente los cultivos lícitos sin que el Estado empiece a cumplir simultáneamente los acuerdos de inversión, la región quedará en el olvido institucional definitivo.
“Hoy, para un campesino cultivador, su prenda de garantía para que le inviertan en su territorio es el cultivo de la hoja de coca”, afirma el líder de la coordinadora.
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¿Qué dicen las normativas nacionales?
El retorno de las aspersiones forzadas choca directamente con la jurisprudencia de las altas cortes y lo pactado en los acuerdos internacionales de paz. En diciembre de 2023, tras una acción de tutela interpuesta por la COCCAM, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia profirió la histórica Sentencia SU545-23.
Este fallo judicial amparó formalmente los derechos de las comunidades campesinas y determinó con claridad que los acuerdos colectivos de sustitución voluntaria del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) constituyen un “pacto plurilateral vinculante” que obliga al Estado a cumplir de buena fe con las familias campesinas inscritas, priorizando la sustitución voluntaria sobre cualquier medida represiva.
Según la estructura constitucional y programática del Acuerdo de Paz, el Estado está obligado a agotar en primer lugar la sustitución voluntaria y concertada de la mano de la Reforma Rural Integral (Punto 1); solo en caso de que este proceso falle por renuencia del campesinado, el Estado podrá proceder con la erradicación manual forzada, y únicamente en última instancia, ante el fracaso demostrado de las opciones manuales.
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El posible final del camino: ¿despensa agrícola o monocultivo excluyente?
Frente al sombrío panorama del cultivo ilícito y la fumigación forzada han surgido propuestas institucionales que buscan transformar la vocación económica de Norte de Santander. El representante a la Cámara José Luis Duarte planteó ante el ministro de Agricultura de De la Espriella, Indalecio Dangond, un proyecto para convertir al departamento en una “despensa agrícola binacional”.
Para hacer realidad este proyecto, la propuesta contempla una masiva inversión estatal en vías terciarias, distritos de riego de pequeña escala y créditos de fomento directamente dirigidos al pequeño productor.
No obstante, esta iniciativa agraria es recibida con prevención desde la COCCAM, Wilder Mora advirtió que la propuesta debe analizarse con rigurosidad para no “salir de Guatemala para entrar a Guatepeor”, argumentando que, si el proyecto se enfoca en la introducción de grandes monocultivos agroindustriales privados, se terminará destruyendo la economía familiar diversa del campesinado y convirtiendo al productor local en un peón asalariado de su propio territorio.
Aparte de ello, en un artículo de investigación publicado por el historiador José Manuel Alba Maldonado también recuerda que el Gobierno impulsó en 1996 el cultivo de palma de aceite mediante el programa PLANTE. Sin embargo, el modelo se estructuró para beneficiar el gran empresariado comercial. El pequeño campesino fue empujado a adquirir deudas bancarias con créditos elevados que resultaron imposibles de pagar, desencadenando la quiebra financiera y el despojo de sus tierras.
