El decreto de emergencia económica ha generado un fuerte debate entre el gobierno nacional y varios gobernadores del país. La medida, que busca atender el desbalance entre ingresos y gastos públicos, ha sido defendida por el Gobierno como necesaria para proteger derechos fundamentales y garantizar la prestación de servicios esenciales.
Redacción: Ligia Bejarano- Periodista Oriente Noticias
Gobierno defiende la medida
Durante el último Consejo de Ministros, el gobierno aseguró que la emergencia económica es necesaria para proteger derechos fundamentales, como la atención en salud y la prestación de servicios públicos.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó:
“Estamos ante una situación que podría poner en riesgo el cumplimiento de derechos fundamentales, y eso es lo que conduce a plantear la necesidad de una emergencia económica en el país”.
Según el Gobierno, el decreto garantiza la continuidad de los servicios esenciales y busca preservar la estabilidad fiscal en todo el territorio nacional.
Gobernadores cuestionan impacto en finanzas regionales
Por su parte, varios gobernadores expresaron su preocupación por los efectos de la medida sobre las finanzas de los departamentos.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, señaló:
“La medida afecta los impuestos de los departamentos, pero según nos informó el ministro, se realizarán mesas técnicas. Acudiremos ante todas las instancias posibles para evitar riesgos”.
En la misma línea, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, afirmó que la medida afectaría recursos claves en educación, salud y deporte en los territorios.
“Rebelión” de gobernadores llega a la Corte Constitucional
El Ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la llamada “rebelión” de gobernadores concluyó tras una reunión con el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los mandatarios regionales anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional, advirtiendo que si no hay pronunciamiento al final del mes, la medida no se aplicará.
La Corte Constitucional será la encargada de evaluar si el decreto de emergencia económica cumple con los requisitos establecidos por la Constitución y si las medidas adoptadas por el gobierno son legales.
