El Gobierno Nacional pone en marcha la Red de Protección Social para la Vida, un modelo diseñado específicamente para los y las recicladoras de oficio, con la firma del Decreto 0271 de 2026. La normativa busca brindarles seguridad social integral sin imponerles una relación laboral formal que sacrifique su independencia.
Redacción: Natalia Martínez Trujillo – Periodista TRO Digital
¿Quiénes son los beneficiarios de este decreto?
El modelo tiene un enfoque social muy definido y está dirigido exclusivamente a:
- Recicladores de oficio habituales, es decir, personas que se dedican a la recuperación, recolección, transporte y clasificación de residuos.
- Población vulnerable, o todos aquellos que derivan su sustento únicamente de esta actividad y perciben ingresos inferiores a un salario mínimo mensual.
- Asociatividad o personas que estén vinculados a Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO).
Recordemos que la Corte Constitucional ya había blindado a esta población en las sentencias T-724 de 2003 y T-291 de 2009, calificándolos como sujetos de especial protección. En el mes de marzo, ese mandato se convierte en una ley operativa.
Los 4 pilares de la red de protección social
El decreto estructura cuatro componentes técnicos para garantizar que la vejez y la salud de los recicladores dejen de ser una incertidumbre:
1. Salud sin interrupciones
Se garantiza la permanencia en el régimen subsidiado para quienes ya cuentan con él. Para los que están por fuera del sistema, las alcaldías y gobernaciones tienen la obligación de gestionar su ingreso inmediato para que nadie se quede sin cobertura médica.
2. Pensión y vejez
Aquí es donde el decreto se pone interesante. Los recicladores podrán acceder al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP). Si no cumplen los requisitos, entrarán a los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) de Colpensiones.
- El aporte: La organización de recicladores aporta el 5% de los ingresos.
- El subsidio: El Estado suma un 20% adicional como incentivo al ahorro.
- Colombia Mayor: Prosperidad Social priorizará a esta población según sus criterios de vulnerabilidad.
3. Riegos laborales
Por primera vez, las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) deberán afiliar a sus asociados a una ARL. El pago de las cotizaciones se hará sobre una base de un salario mínimo a través de la Planilla PILA.
Lo más importante aquí es que la inscripción no generará un vínculo laboral entre la asociación y el reciclador. Será simplemente un mecanismo de protección frente a accidentes de trabajo.
4. ¿Quién paga la cuenta?
A diferencia de un empleo tradicional, aquí el trabajador no pone de su sueldo.
Los recursos vendrán de la tarifa de aprovechamiento del servicio público de aseo, las actividades comerciales de las organizaciones y la prohibición absoluta de los descuentos de valores del ingreso mensual del reciclador.
Léase también: Impuestos al acero y baldosas en Colombia: así impactan las nuevas medidas
El rol clave de las alcaldías y las ORO
Las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO), registradas ante la Superintendencia de Servicios Públicos, serán el corazón de la implementación. Ellas articularán la actividad y gestionarán los aportes.
Por su parte, las entidades territoriales como alcaldías, tendrán la responsabilidad administrativa de mantener actualizado el censo municipal de recicladores. Este reporte es la base de datos que usará Colpensiones y Prosperidad Social para repartir los beneficios.
¿Cuándo entra en vigencia?
Aunque el decreto ya es oficial, su aplicación iniciará el 1 de julio de 2026. Este tiempo de espera es necesario para que la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) ajuste las tarifas de aseo y se adapte la Planilla PILA para recibir estos aportes especiales.
“Este modelo reconoce el trabajo de los recicladores, garantiza su protección social y respeta su autonomía”, afirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.
