La Corte Constitucional avaló el Estado de Emergencia Económica decretado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Este decreto se expidió tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
Redacción: Daniel Castro – TRO Digital
El alto tribunal también ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público recalcular el costo de la emergencia. Para cumplir esta tarea, la entidad dispone de 20 días hábiles desde la publicación del comunicado de la providencia.
El objetivo es establecer los recursos necesarios para financiar las medidas de atención y recuperación en los territorios afectados.
Emergencia económica permitirá atender varios sectores
Las medidas podrán beneficiar a sectores como vivienda, infraestructura, servicios públicos y actividad económica. También podrán atender las condiciones sociales de las comunidades afectadas por el terremoto.
La Corte fundamentó su decisión en la magnitud de la emergencia y en la necesidad de contar con herramientas adicionales a las ordinarias del Estado.
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Además, el tribunal estableció que las medidas deberán considerar las necesidades y particularidades de los grupos poblacionales afectados. Las autoridades tendrán que incorporar criterios diferenciales y prestar especial atención a las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Corte fija condiciones para utilizar los recursos extraordinarios
La Corte Constitucional estableció límites para la financiación y ejecución de los recursos asociados al estado de excepción.
En primer lugar, los recursos extraordinarios deberán destinarse exclusivamente a gastos relacionados directamente con la emergencia declarada. Por lo tanto, no podrán utilizarse para financiar el déficit fiscal.
Asimismo, las entidades autorizadas para ordenar gastos deberán justificar, mediante actos administrativos, por qué no pueden recurrir a mecanismos ordinarios de financiación. Para ello, tendrán que considerar la oportunidad del gasto y la disponibilidad de recursos.
