Las autoridades de Santander declararon la calamidad pública departamental para responder a las graves emergencias y daños viales que afectan a 16 municipios. La medida permitirá gestionar recursos con el Gobierno Nacional y articular acciones para atender la crisis provocada por la temporada de lluvias.
Redacción: Daneris Maritza Cueto Pineda- Periodista de Oriente Noticias
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Las autoridades departamentales de Santander señalaron que el departamento “No cuenta con los recursos suficientes para ejecutar las obras y acciones de recuperación requeridas en las zonas afectadas”. Ante esta situación, los integrantes del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo propusieron “declarar la calamidad pública departamental con el fin de gestionar apoyo adicional y garantizar una atención más oportuna”.
El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, destacó que “Fue aprobada por unanimidad, teniendo presente que a la fecha de hoy tenemos 16 municipios en el departamento de Santander que tienen declarada su calamidad pública municipal, que han agotado sus capacidades de respuesta frente a las diferentes afectaciones por esta temporada de lluvias”.
Sánchez señaló que “Es de resaltar un hecho significativo: una afectación mayúscula se presenta en el municipio de Vélez, donde se registra la pérdida de la calzada de la vía carare opón, un movimiento de remoción en masa que compromete más de 500 hectáreas y afecta de manera directa a un significativo número de familias campesinas, dificultando la movilidad de este corredor vial de gran importancia en el departamento“.
Agregó que “Por eso hoy se determinó en este Consejo Departamental de Gestión del Riesgo el poder decretar esta calamidad departamental y, de esta manera, articular acciones con el orden nacional, especialmente con el INVIAS, el Ministerio de Transporte y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para sumar capacidades de respuesta y resolver esta problemática de manera pronta y oportuna“.
La declaratoria también cobija la Transversal del Carare, con el propósito de “Gestionar ante el Gobierno Nacional recursos por cerca de 50 mil millones de pesos, necesarios para habilitar vías alternas mientras se define una solución de fondo en la zona”. La medida responde a la “grave afectación vial y a las pérdidas económicas que ya superan los 75 mil millones de pesos”.
Esta decisión busca “articular esfuerzos y coordinar acciones para atender la situación, protegiendo la vida de los habitantes y garantizando la conectividad de este importante corredor vial”, señalaron las autoridades departamentales.
