El hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador de 10 años, el pasado 29 de agosto en el río Frío de Cajicá, volvió a encender las alarmas sobre un fenómeno que crece de manera preocupante en Colombia; la desaparición de menores de edad.
Valeria Afanador, quien tenía síndrome de Down, estuvo desaparecida durante 18 días hasta que fue encontrada sin vida en un sector que ya había sido inspeccionado varias veces por las autoridades. Su caso refleja no solo el dolor de una familia, sino las dudas sobre los protocolos de búsqueda y la efectividad institucional frente a estas emergencias.
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Más casos de niñas inicialmente dadas por desaparecidas en 2025 en Colombia
En lo corrido de 2025 el país ha visto varios episodios similares. En marzo, Emily Villavalba, de 15 años, desapareció en Chocontá, Cundinamarca y fue encontrada muerta días después en una zona boscosa; en abril, en el Valle del Cauca, la adolescente Luisa Fernanda Saldarriaga Leal fue reportada como desaparecida en Tuluá y hallada dentro de una maleta en Buga; y en mayo, en Aguachica, Cesar, la niña Kelly Carolina Carballo Santana, de 9 años, fue encontrada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida, con señales de violencia. A estos casos se suma el de Sofía Delgado, asesinada en 2024 en Candelaria (Valle del Cauca), cuyo feminicidio derivó en una condena ejemplar de 58 años contra el responsable en 2025.
Según un informe de la Universidad Manuela Beltrán, basado en cifras del Instituto de Medicina Legal, entre enero y junio de 2025 se registraron 837 desapariciones de menores en el país. De ellos 333 fueron encontrados con vida y 4 sin vida, mientras que más de 500 permanecen sin esclarecer. Lo más alarmante es que siete de cada diez desaparecidos son niñas, lo que evidencia un patrón de riesgo diferenciado y de género.
¿Qué es la alerta AMBER?
La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia internacional creado en Estados Unidos en 1996 para localizar de manera rápida a niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se presume que están en riesgo de sufrir un delito como secuestro, trata o violencia sexual y aunque nació en Estados Unidos y hoy se aplica en más de 30 países como México, Canadá, Francia, España, entre otros. pero no en Colombia. Por eso, organizaciones sociales y entes de control insisten en que el país enfrenta una emergencia silenciosa que exige protocolos más estrictos, coordinación interinstitucional y sanciones claras frente a la omisión de funcionarios.
