Redacción TRO Digital
Organizaciones sociales han lanzado una alerta humanitaria debido al aumento de la violencia, culpando al estado colombiano por no proteger adecuadamente a los ciudadanos de Cúcuta.
Un total de 50 organizaciones dedicadas a los derechos humanos en Norte de Santander han unido fuerzas para denunciar la escalada de violencia en la ciudad y su área metropolitana.
Según un informe reciente del observatorio de la Fundación Progresar, parte de este movimiento social, la violencia está siendo impulsada por 12 grandes bandas criminales.
Wilfredo Cañizares, portavoz de la Fundación Progresar, explicó que durante el cierre de la frontera había 22 bandas delictivas, pero muchas desaparecieron con la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, algunas migraron a Cúcuta y se involucraron en actividades delictivas como extorsión, hurto y robo de vehículos, entre otros delitos. Así mismo, Cañizares afirmó que estas 12 bandas en crecimiento desmedido son responsables de al menos el 70% de los homicidios en la ciudad.
Las organizaciones sociales aseguran que esta situación está devastando la economía local y el comercio organizado, afectando a personas trabajadoras y tratando de silenciar a las comunidades más afectadas. Critican la respuesta insuficiente de las instituciones gubernamentales frente a esta crisis, señalando que las acciones han sido tardías o indiferentes.
Además, denuncian la presunta complicidad de algunos líderes gubernamentales con el paramilitarismo y el crimen organizado. Según estas organizaciones, el estado colombiano ha fracasado en su deber de proteger a los ciudadanos de Cúcuta durante los últimos 25 años de violencia persistente.
El movimiento liderado por estas organizaciones busca ser un canal para proponer soluciones efectivas a estos problemas, promoviendo un proceso ciudadano para proteger a la población vulnerable de la violencia criminal. Además, destacan el reclutamiento alarmante de menores de edad por parte de las bandas criminales en los barrios de la ciudad, ofreciéndoles armas y dinero a cambio de realizar actividades delictivas. Esta situación, según ellos, refleja un ambiente desesperanzador en Cúcuta.
En respuesta a estos desafíos, las organizaciones sociales proponen un análisis exhaustivo para comprender las raíces de la criminalidad, enfatizando que simplemente aumentar la fuerza policial no es suficiente.
Hacen un llamado a consolidar la unidad social como una forma de frenar el avance de estas expresiones delincuenciales y evitar un futuro aún más violento para la ciudad.
