La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha revelado los nombres de aproximadamente 2.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, ocurridas entre 2002 y 2008 en seis departamentos colombianos. El universo de investigación abarca 6.402 víctimas asesinadas o desaparecidas por miembros de la fuerza pública.
“Nombrar a las víctimas, honrar su memoria, es uno de los deberes de la Justicia Transicional Restaurativa”, declaró la JEP, subrayando que estos crímenes representan un fenómeno sistemático de violencia que busca revertir décadas de impunidad.
Esta investigación ha documentado un patrón criminal con 85 máximos responsables que han reconocido su participación, incluyendo dos generales del Ejército, varios coroneles, tres civiles y un agente estatal. Actualmente, seis generales retirados están imputados, y más del 80% de los responsables han admitido su involucración en estos graves hechos.
Como parte del homenaje, la organización Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO) está realizando una exposición artística con 200 botas intervenidas, denominada “Mujeres con las botas bien puestas”, que estará expuesta en la JEP hasta febrero de 2025. Esta instalación busca visibilizar el dolor de las familias y reconstruir la memoria histórica de las víctimas.
Por otro lado, la investigación se sustenta en una amplia documentación compuesta de 7 informes estatales, 131 informes de organizaciones de derechos humanos, 861 versiones voluntarias y cientos de miles de páginas de archivos oficiales. Se han practicado exhumaciones, analizado informes de necropsias y realizado nueve audiencias públicas en diferentes regiones del país.
Los crímenes fueron documentados en territorios como la Costa Caribe, Antioquia, Norte de Santander, Huila y Casanare, pero la JEP ha identificado patrones similares en otros departamentos como Guaviare, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Caquetá, Arauca, Boyacá, Santander, Guainía y Putumayo.
Así mismo, la JEP ha concluido que estos asesinatos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, desatados por una “política de facto de conteo de cuerpos” que buscaba satisfacer presiones por resultados operacionales, inflando criminalmente las estadísticas oficiales de bajas en combate.
