El Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley “Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina”, una iniciativa que busca prevenir, prohibir y erradicar esta práctica en el país.
Redacción: Nayerly Garcia – Periodista TRO Digital
La aprobación marca un hecho sin precedentes en América Latina, ya que Colombia se convertiría en el primer país de la región en contar con una legislación específica para combatir la mutilación genital femenina en todo el territorio nacional.
La mutilación genital femenina, también conocida como ablación, comprende procedimientos que alteran o extirpan parcial o totalmente los genitales externos femeninos sin justificación médica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta práctica constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas debido a las graves consecuencias físicas y psicológicas que puede generar.
Durante la discusión del proyecto, la lideresa indígena emberá Juliana Domicó destacó que la iniciativa surgió desde los propios territorios y pidió que la norma se traduzca en acciones concretas para proteger a las niñas y mujeres.
Según cifras del sistema de salud, entre 2020 y 2025 se reportaron al menos 204 casos de mutilación genital femenina en Colombia, de los cuales 177 correspondieron a niñas indígenas, principalmente en los departamentos de Risaralda y Chocó. Sin embargo, organizaciones y congresistas han advertido que podría existir un subregistro debido a la falta de mecanismos unificados de seguimiento y denuncia.
La ley contempla la creación de una política pública nacional para prevenir y erradicar esta práctica, la implementación de protocolos obligatorios en el sistema de salud, la capacitación del personal médico y el fortalecimiento de los sistemas de información para identificar y hacer seguimiento a los casos.
La iniciativa fue presentada en agosto de 2024 por varias congresistas y contó con el acompañamiento de lideresas indígenas emberá, quienes durante años han impulsado procesos de transformación y defensa de los derechos de las niñas y mujeres dentro de sus comunidades.
Con esta aprobación, el Congreso dio un paso decisivo en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, mientras el país espera la sanción presidencial que permitirá la entrada en vigencia de la norma.
