Hace 10 años, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre definitivo de la frontera entre Colombia y Venezuela, argumentando que las medidas se tomaban para combatir el contrabando y garantizar la seguridad. Sin embargo, en la práctica significó la deportación de miles de colombianos, principalmente en el estado Táchira.
El hecho generó una crisis humanitaria sin precedentes en la zona de frontera y un fuerte choque diplomático entre ambas naciones. Se estima que más de 20.000 colombianos fueron afectados por esta crisis migratoria: unos 1.500 fueron deportados de manera inmediata y otros miles huyeron por miedo a represalias.
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Familias enteras fueron forzadas a salir de sus viviendas, las cuales eran marcadas en la fachada con la letra “D” (de demolición) y posteriormente derribadas por el régimen del presidente venezolano.
El éxodo se dio a pie, cruzando la frontera natural entre Venezuela y Colombia sobre el río Táchira, donde pasaban con sus enseres y pocas pertenencias, huyendo de la crueldad militar que al otro lado del río los reprimía.
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Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organizaciones de la Iglesia Católica, así como iniciativas locales y gremiales en Colombia, brindaron apoyo ante esta crisis migratoria, entregando ayudas humanitarias a los deportados: transporte, refugio y asistencia alimentaria. Las autoridades colombianas establecieron albergues y centros de atención para los deportados, así como también implementaron programas para facilitar la documentación y el acceso a servicios básicos para los colombianos retornados.
El mes de agosto será recordado como uno de los más dolorosos en la historia de ambas naciones, marcando así un antes y un después en la vida de miles de personas que lo perdieron todo a causa de un régimen gubernamental.
