La Fiscalía reveló que el atentado contra el precandidato presidencial fue coordinado desde un chat de WhatsApp creado por la organización criminal ‘Plata o Plomo’. Fotos, seguimientos y hasta videollamadas hicieron parte de la planeación.
Redacción: Daniela Leal – Periodista TRO Digital
La Fiscalía reveló que el atentado contra el precandidato presidencial fue coordinado desde un chat de WhatsApp creado por la organización criminal ‘Plata o Plomo’.
La investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, sigue revelando detalles sobre la forma en que la organización criminal ‘Plata o Plomo’ ejecutó el ataque. De acuerdo con la Fiscalía, los implicados crearon un grupo de WhatsApp con el mismo nombre, en el que se compartieron fotografías y ubicaciones para reportar los movimientos del precandidato.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra el séptimo capturado, Harold Daniel Barragán Ovalle, la jueza precisó que alias Harold, ha sido parte activa de una organización criminal desde aproximadamente el año 2023, siendo su rol principal enfocado en la fabricación y tráfico de estupefacientes, así como la adquisición y comercialización de armas de fuego para la organización, además de la planificación y ejecución de varios delitos, entre ellos el homicidio”.
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Las autoridades identificaron a alias El Mosco como el líder de la estructura y a Elder José Arteaga, conocido como el Costeño o Chipy, como coordinador clave de la logística. En el chat también se hacía seguimiento permanente al esquema de seguridad de Uribe y a los vehículos en los que se transportaba. Además de mensajes escritos, los integrantes sostuvieron 4 videollamadas durante la jornada de la tarde del 7 de junio en las que se daban instrucciones en tiempo real para ejecutar el crimen.
El atentado ocurrió durante un acto político en el parque El Golfito, cuando un menor de edad disparó por la espalda con un arma tipo Glock contra el senador. Aunque Uribe permaneció hospitalizado más de dos meses, falleció el 11 de agosto, convirtiéndose en el primer magnicidio de un aspirante presidencial en Colombia en casi tres décadas.
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El joven sicario fue condenado a siete años bajo medidas de resocialización, mientras que el resto de la estructura enfrenta procesos por homicidio agravado y terrorismo, con penas que podrían superar los 60 años de cárcel.
El caso ha generado conmoción nacional y revive los fantasmas de la violencia política en el país. Para las autoridades, la utilización de redes de mensajería instantánea para planear un crimen de tal magnitud refleja la sofisticación de las organizaciones criminales y plantea nuevos retos en materia de seguridad electoral, especialmente de cara a los comicios de 2026.
