La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó audiencia de seguimiento en Cimitarra

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó audiencia de seguimiento a medida que protege el cementerio municipal de Cimitarra, Santander y evaluó extenderla a dos nuevos puntos. Este 12 de marzo, la JEP anunció que recaudará evidencias para determinar si prórroga la protección a dos nuevos puntos de interés forense.

Se trata del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla y el cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare en Cimitarra, organizaciones de víctimas de la región y entidades estatales intervinieron en la diligencia judicial que fue transmitida en vivo por los canales oficiales de la JEP.

Los hechos ocurridos en Cimitarra son de interés para el caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con paramilitares o terceros civiles.

De acuerdo a la investigación adelantada por la JEP, en el cementerio municipal de Cimitarra se inhumaron cuerpos provenientes de masacres y homicidios sin ningún protocolo o procedimiento que preservará su identificación y a pesar de que el grupo de búsqueda e identificación de la Fiscalía General de la Nación intervino el lugar entre 2015 y 2017, a la fecha aún hay cuerpos sin recuperar en dicha zona.

En una situación parecida se encuentra el cementerio rural de la vereda Santa Rosa, donde también se han encontrado varios cuerpos, pero aún quedan por recuperar.

En cuanto al predio en el que se encuentra el aeropuerto, miembros de la fuerza pública habrían inhumado de forma irregular cuerpos de campesinos retenidos y torturados, quienes habrían sido señalados de pertenecer a algún grupo al margen de la ley.

El seguimiento de las medidas cautelares tiene como objetivo identificar los riesgos que dificultan la búsqueda, recuperación e identificación de cuerpos de la región, por ellos la JEP citó a la Alcaldía de Cimitarra, la Gobernación de Santander, la Defensoría Regional del Magdalena Medio, los ministros del Interior y Defensa, La Aeronáutica Civil, el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas.

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