La JEP anuncia la primera sentencia contra el último Secretariado de las Farc-EP por los secuestros

La jurisdicción responsabilizó a siete exintegrantes del Secretariado por crímenes de guerra y de lesa humanidad derivados de los secuestros, imponiéndoles sanciones restaurativas de ocho años.

Por: Sebastián Trujillo – Periodista TRO Digital.

La Jurisdicción Especial para la Paz emitió este martes la primera sentencia contra siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP, al encontrarlos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el marco de secuestros durante el conflicto armado.

Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, Presidente Jurisdicción Especial para la Paz.

Los sancionados son: Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, quienes reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad dentro del proceso.

De acuerdo con la JEP, los excomandantes respondieron por crímenes de guerra como toma de rehenes, homicidios, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. También se les atribuyen crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, esclavitud y asesinatos en cautiverio.

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La Sala de Reconocimiento estableció un universo provisional de 21.396 víctimas de secuestro, de las cuales 4.325 están acreditadas ante la JEP. Estas cifras resultan del cruce de bases de datos de la Fiscalía, organizaciones de la sociedad civil y registros oficiales de víctimas.

Los comparecientes cumplirán sanciones de ocho años, el máximo contemplado en el Acuerdo Final de Paz, que incluyen restricciones efectivas a la libertad y trabajos restaurativos como acciones de desminado, búsqueda de desaparecidos, proyectos de memoria, reparación simbólica y programas ambientales.

Créditos. JEP.

La JEP resaltó que esta decisión se tomó debido a que los excomandantes han cumplido con los compromisos pactados en el proceso de paz y han reconocido su responsabilidad ante las víctimas. La jurisdicción recordó además que sus sentencias son un mandato constitucional, compatibles con la participación política, y que sus avances superan en tiempo y resultados a tribunales internacionales similares.

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