El Gobierno de Gustavo Petro ha presentado un nuevo proyecto de reforma tributaria con el objetivo de recaudar 12 billones de pesos para cubrir el déficit en el presupuesto de 2025.

La propuesta incluye varias medidas orientadas a aumentar el recaudo por impuestos, entre ellas, un incremento en la tasa del impuesto a la renta para quienes perciben ingresos anuales superiores a 1.500 millones de pesos. La tasa, que actualmente es del 39%, subiría al 41%, afectando a cerca de mil declarantes en todo el país. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, este enfoque busca reducir la desigualdad y estimular un crecimiento económico inclusivo.

Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es el impacto en las apuestas en línea, un sector que ha crecido significativamente en los últimos años y que representa un 47% del recaudo nacional. El Gobierno busca gravar este sector con el IVA, lo que podría generar ingresos adicionales de forma inmediata. Actualmente, solo se aplica IVA a las máquinas tragamonedas, pero con la reforma, las apuestas en línea también estarían sujetas a este impuesto.

La reforma también incluye otros ajustes, como el incremento al impuesto al carbono, el IVA para vehículos híbridos y el tributo sobre ganancias ocasionales. Estos cambios, junto con el aumento en la tasa de renta para los superricos, buscan financiar proyectos clave como la transición energética y el cumplimiento de las metas fiscales del país.

Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de críticas por parte de congresistas y expertos en tributación. La senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, ha manifestado su preocupación por las implicaciones económicas de estos cambios, especialmente en lo que respecta al aumento del impuesto a los más ricos, que podría tener efectos limitados en la reducción de la desigualdad.

La reforma también aborda la complejidad en la tributación para las empresas. Se plantea la incorporación de tarifas marginales que varían según el tamaño y los ingresos de las empresas, lo que, según Espinel, complicaría innecesariamente el sistema tributario. Mientras algunas empresas verían reducciones graduales en sus tasas de impuestos, otras continuarían pagando las tarifas actuales, lo que podría generar más incertidumbre en el sector empresarial.