Lo que comenzaba con un seguimiento silencioso terminaba en exigencias de hasta $70 millones y amenazas contra la vida de comerciantes. Ese fue, según las autoridades, el modus operandi de una presunta red de apoyo al ELN desarticulada en Cúcuta.
Redacción: María Nautista – Periodista TRO Digital
Tras meses de investigación, las autoridades capturaron en Cúcuta a cuatro personas señaladas de integrar una presunta red de apoyo al ELN que, según la investigación, se dedicaba a extorsionar a comerciantes y empresarios de varios municipios de Norte de Santander mediante amenazas, seguimientos e intimidaciones.
El operativo se desarrolló en los barrios Antonia Santos y San Fernando del Rodeo, donde fueron detenidos Yohanderson Marín, alias Yohan; Ronny Contreras, alias el Menor; Emiliannys Álvarez, alias Yesmar, y Deicy Jiménez, alias el Taxista. De acuerdo con las autoridades, cada uno cumplía funciones específicas dentro de la estructura.
La investigación permitió establecer que la organización habría concentrado sus actividades en Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander y otros municipios del departamento. Antes de realizar las exigencias económicas, los presuntos integrantes recopilaban información sobre las empresas, fotografiaban a sus propietarios y hacían seguimientos para conocer sus movimientos y capacidad económica.
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Según el expediente, el primer contacto con las víctimas se realizaba a través de WhatsApp. Allí, una persona que se identificaba como “Camilo” afirmaba pertenecer al Frente de Guerra Urbano del ELN y exigía pagos que oscilaban entre 20 y 70 millones de pesos como una supuesta cuota de ingreso. Posteriormente, imponía un denominado “aporte de guerra” mensual que iba desde los 500.000 hasta los cinco millones de pesos, dependiendo de la actividad comercial de cada empresa.
Las intimidaciones, de acuerdo con la investigación, no se limitaban a llamadas o mensajes. Algunas víctimas eran citadas en sectores apartados, como la vía a San Faustino y Juan Frío, donde presuntamente eran trasladadas hacia territorio venezolano para reunirse en campamentos clandestinos. Allí, bajo la presencia de hombres armados y referencias al grupo insurgente, les reiteraban las exigencias económicas y las amenazas contra sus vidas y negocios.
Las autoridades estiman que la estructura habría obtenido cerca de 100 millones de pesos mensuales producto de las extorsiones y lograron documentar, en una primera fase de la investigación, al menos 18 víctimas.
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El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que durante los seis meses de investigación fue posible identificar la forma de actuar de la organización y recolectar los elementos probatorios que permitieron las capturas.
“Logramos identificar su forma de actuar, establecer al menos 18 víctimas y capturar a quienes presuntamente realizaban los seguimientos, fotografías y perfilamientos para posteriormente efectuar las exigencias económicas. No vamos a permitir que nuestros comerciantes sean intimidados ni que estas estructuras continúen financiándose a través de la extorsión”, afirmó el oficial.
Las autoridades buscan afectar uno de los presuntos mecanismos de financiación del ELN en la región y reducir el impacto de las extorsiones que, según la investigación, venían afectando a comerciantes y empresarios de Norte de Santander. Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas vinculadas a esta estructura.
