El Gobierno expide decreto que cambia las reglas del aseguramiento en salud

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió un nuevo decreto que modifica de manera estructural las condiciones bajo las cuales operan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el país, redefiniendo su permanencia territorial, sus umbrales de afiliación y su capacidad de operación regional.

Redacción: Natalia Martínez – Periodista TRO Digital

La norma introduce criterios poblacionales y de concentración de mercado que determinarán en qué departamentos o municipios podrán seguir funcionando las EPS. Esto implica que aquellas aseguradoras que no cumplan con los porcentajes mínimos de afiliación establecidos deberán retirarse de ciertos territorios o enfrentar procesos de reorganización.

El decreto se expide en medio de un contexto de tensión institucional por la reforma estructural al sistema de salud y en un escenario donde varias EPS ya se encuentran intervenidas o bajo vigilancia especial.

¿Qué cambia para las EPS?

La nueva regulación establece que las EPS deberán cumplir requisitos más estrictos de participación en cada territorio. En términos prácticos:

• Se fijan porcentajes mínimos de afiliados por departamento o región para autorizar la operación.
  
• Se limita la fragmentación del aseguramiento en zonas donde existan múltiples operadores con baja representación.
  
• Se habilita la redistribución de afiliados cuando una EPS no cumpla las condiciones exigidas.
  

Fuentes del sector han señalado que, de aplicarse plenamente los nuevos criterios, más de seis millones de usuarios podrían ser trasladados de EPS, especialmente en territorios donde hoy existen operadores con baja participación o dificultades financieras.

Aunque el Gobierno ha insistido en que no se trata de un “traslado masivo inmediato”, la redacción del decreto sí abre la puerta a procesos de reorganización territorial con impacto significativo en la afiliación.

El argumento del Gobierno: ordenamiento técnico y fortalecimiento territorial

Desde el Ejecutivo se ha defendido la medida como un proceso de “ordenamiento técnico del aseguramiento”, cuyo objetivo es garantizar mayor eficiencia, economías de escala y estabilidad en la prestación del servicio.

El Gobierno sostiene que la dispersión de EPS en territorios con pocos afiliados ha generado ineficiencias administrativas y dificultades de supervisión. Bajo esta lógica, concentrar la operación en entidades con mayor capacidad permitiría mejorar la gestión del riesgo en salud y la articulación con la red hospitalaria pública.

La medida también se enmarca en una política más amplia de fortalecimiento de hospitales públicos y reorganización del flujo de recursos del sistema.

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Las alertas del sector: riesgo operativo y presión sobre la red pública

Sin embargo, la expedición del decreto ha generado fuertes reacciones en el sector asegurador. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) advirtió que la norma podría profundizar la crisis del sistema y exponer a las EPS a un riesgo operativo mayor, especialmente si se producen traslados acelerados de afiliados.

Entre las principales preocupaciones están:

• La continuidad en la atención de pacientes con enfermedades crónicas o tratamientos en curso.
  
• La estabilidad financiera de las EPS que deban asumir grandes volúmenes de nuevos afiliados.
  
• El impacto sobre la red hospitalaria pública, que podría enfrentar mayor presión asistencial.
  

Expertos también advierten que cualquier redistribución masiva requiere una transición cuidadosamente planificada para evitar fallas en autorizaciones, entrega de medicamentos y acceso a especialistas.

Libre elección y derecho del usuario: el punto sensible

Uno de los debates más relevantes gira en torno al principio de libre elección. Si bien el sistema colombiano permite a los usuarios escoger su EPS, los procesos de reorganización territorial podrían limitar esta posibilidad en determinadas regiones.

El decreto plantea que los traslados se realizarían bajo criterios técnicos y regulatorios, pero la implementación concreta será determinante para evaluar su impacto real en los derechos de los afiliados.

Un nuevo capítulo en la transformación del sistema de salud

El nuevo decreto no es una reforma estructural en sí mismo, pero sí representa un paso decisivo en la reconfiguración del aseguramiento en Colombia.

En un escenario donde varias EPS enfrentan intervenciones, crisis financieras y cuestionamientos por la calidad del servicio, la medida abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el modelo de salud: mayor concentración operativa y control territorial por un lado; riesgos de transición y sobrecarga institucional por el otro.

En los próximos meses será clave observar cómo se implementan los criterios establecidos y cuántos afiliados terminan siendo redistribuidos dentro del sistema.