La decisión del Gobierno de Abelardo De la Espriella de retomar la fumigación de cultivos de coca generó rechazo entre organizaciones campesinas del Catatumbo, donde advierten que la implementación de esta estrategia podría incrementar la tensión social en una región afectada por la confrontación armada y los desplazamientos.

Wilder Mora, representante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en el Catatumbo, cuestionó el anuncio realizado por el presidente durante su primer discurso como mandatario y sostuvo que la erradicación forzada no resuelve las condiciones que han llevado a miles de familias campesinas a depender de la economía de la coca.

Según Mora, los recursos que serían destinados a las operaciones de fumigación deberían orientarse hacia inversión social, infraestructura y alternativas económicas para las comunidades rurales.

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Campesinos advierten posibles movilizaciones

El dirigente campesino también manifestó preocupación por los posibles efectos ambientales y sociales de la utilización de herbicidas. Aseguró que las fumigaciones podrían afectar a campesinos, fauna y ecosistemas, además de generar desplazamientos y aumentar los conflictos en los territorios.

Ante este escenario, Mora no descartó que las comunidades del Catatumbo recurran a movilizaciones y paros en caso de que comiencen las jornadas de fumigación de los cultivos de coca.

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La advertencia se produce en medio de una situación de seguridad compleja en la región, marcada durante los últimos 18 meses por el enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las Farc, estructuras que se disputan el control territorial y de las economías ilícitas.

Durante su discurso de posesión, De la Espriella anunció que su administración retomará la erradicación de los cultivos ilícitos mediante herbicidas de última generación.

El mandatario aseguró que los productos utilizados no representarían riesgos para la salud humana ni para el medioambiente y que su aplicación se realizará de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Corte Constitucional.