La violencia en el área metropolitana de Cúcuta volvió a encender las alarmas de las autoridades y la ciudadanía tras confirmarse que un cuarto vehículo transportador de bebidas fue incinerado en el municipio de San Cayetano. El hecho ocurrió en horas de la mañana mientras el camión cumplía con su ruta de distribución, generando temor entre transportadores y comerciantes de la región.
De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Garcés, estos ataques tendrían relación con grupos armados ilegales que operan en la zona de frontera.
“Las primeras hipótesis apuntan a que frentes urbanos del ELN estarían detrás de estos hechos violentos, como mecanismo de presión para exigir altas sumas de dinero a los transportadores”, explicó el oficial.
Este caso se suma a otros tres episodios recientes. El primero se registró el 27 de agosto en la Y de Astilleros, el segundo un día después en el anillo vial occidental y el tercero el sábado 30 de agosto en el sector de La Parada, en Villa del Rosario. En todos los casos, los vehículos fueron detenidos por hombres armados que obligaron a los conductores a descender antes de incinerar los automotores. Afortunadamente, no se han reportado víctimas fatales ni heridos.
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Las autoridades locales han expresado su preocupación por el impacto económico y social que generan estos ataques. Empresarios y comerciantes de la región afirman que la situación afecta la cadena de distribución de productos básicos, además de aumentar la percepción de inseguridad en Norte de Santander. Un representante del gremio transportador, que prefirió no revelar su identidad por motivos de seguridad, aseguró que:
“Estos atentados no solo representan pérdidas millonarias, sino que también ponen en riesgo la vida de quienes trabajamos en las vías de la frontera”.
Ante esta situación, la Policía Metropolitana reforzó los operativos en los corredores viales y anunció la articulación con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación para investigar a los responsables. El coronel Garcés recalcó que se está trabajando con inteligencia militar para evitar que nuevos hechos de esta naturaleza se repitan en la región.
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Los habitantes del área metropolitana piden mayor presencia de la fuerza pública y acciones concretas que garanticen la seguridad en las carreteras. Mientras tanto, los gremios transportadores evalúan la posibilidad de suspender rutas de distribución hasta tanto existan condiciones de seguridad suficientes.
Estos sucesos dejan en evidencia la complejidad del panorama de orden público en el Catatumbo y sus alrededores, una región históricamente golpeada por la presencia de grupos armados ilegales, la disputa por el control territorial y las dinámicas del narcotráfico que han deteriorado la tranquilidad de la población civil.
