El organismo detectó que el 7 de noviembre se comprometieron $6,1 billones, cifra que representa el 68 % de toda la contratación registrada durante la primera semana del mes.
La Contraloría General de la República emitió una alerta por un incremento inusual en la contratación pública el 7 de noviembre de 2025, último día antes de que comenzaran las restricciones de la Ley de Garantías.
La Contraloría General de la República advirtió este viernes 14 de noviembre sobre un comportamiento irregular en la contratación estatal previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, tras identificar un aumento significativo en los compromisos contractuales realizados el 7 de noviembre de 2025.
Según el análisis de la entidad, ese día se suscribieron $6,1 billones, cifra equivalente al 68 % del total contratado durante los primeros siete días del mes. En conjunto, entre el 1 y el 7 de noviembre se comprometieron $9,0 billones, un monto que supera ampliamente los niveles históricos de contratación mensual observados en 2025.
La Contraloría indicó que solo el 7 de noviembre se contrató un valor 2,9 veces superior al promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025 ($2,1 billones), lo que representa un incremento del 190 % frente al comportamiento habitual. En el comunicado se señala que este fenómeno es considerado un caso “inusual y atípico”.
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El organismo de control explicó que esta alerta se presenta en el marco del seguimiento a la contratación pública en periodo preelectoral, dado que en 2026 se realizarán elecciones legislativas y presidenciales. La Contraloría advirtió que este comportamiento podría estar asociado a fallas en la planificación y a posibles aceleraciones contractuales antes de la entrada en vigencia de las restricciones electorales.
En su análisis, la entidad destacó que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) fue una de las entidades con mayor concentración de contratación, al comprometer $770 mil millones, lo que equivale al 8,5 % del total nacional.
Para profundizar en estos hallazgos, la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras y la DIARI adelantan un seguimiento “exhaustivo y permanente” a los contratos suscritos durante septiembre, octubre y la primera semana de noviembre. El objetivo es caracterizar su valor, las entidades ejecutoras, las modalidades empleadas y los objetos contractuales.
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La entidad agregó que busca identificar “operaciones sensibles”, como actividades logísticas, suministros, eventos y otros procesos que suelen incrementarse en época preelectoral, con el fin de anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos se utilicen conforme al interés general y sin contravenir la Ley de Garantías.
