Las políticas migratorias en Estados Unidos vuelven a estar en debate tras la publicación de un informe obtenido por el ´Deportation Data Project´ que revela que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, más conocido como ICE por sus siglas en inglés, ha realizado más de 109.000 arrestos entre enero y junio de 2025, lo que significa un aumento de más del 120% en comparación con el primer semestre de 2024.

Los estados gobernados por líderes republicanos están colaborando de forma más activa con el ICE, permitiendo redadas masivas, incluso en comunidades donde antes existía protección a migrantes. Texas encabeza la lista con más del 23% de los arrestos, seguido por Florida. En estas zonas, la cooperación de las autoridades locales permite que los agentes federales ingresen a centros de trabajo, barrios residenciales, y hospitales, en busca de personas indocumentadas.
Por otro lado, estados con gobiernos demócratas como Nueva York, han adoptado políticas que limitan la cooperación entre autoridades locales y migratorias, generando una desigualdad en la aplicación de la ley federal. Asimismo, organizaciones migrantes en México, Centroamérica y Sudamérica han expresado su inconformidad, especialmente tras conocerse que muchos de los detenidos provienen de Colombia, Venezuela, Honduras y El Salvador. Algunos consulados ya han emitido comunicados ofreciendo asistencia legal y humanitaria.
Lo más controversial es que una gran parte de los arrestados no tenía antecedentes criminales. Esto ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que tildan las políticas migratorias del gobierno de “indiscriminadas y deshumanizantes”. La administración actual ha intensificado los operativos argumentándose en un tema de control fronterizo y de seguridad nacional, aunque varios sectores afirman que se trata de una medida populista en año preelectoral.