La restricción del paso vehicular por riesgo estructural en el puente Francisco de Paula Santander ya impacta el intercambio entre Cúcuta y Ureña, mientras avanzan obras de emergencia en la zona.
Redacción: Ana María Suárez – Periodista Oriente Noticias
El cierre del puente Francisco de Paula Santander mantiene en alerta a la región por el impacto que ya se refleja en la economía local y el comercio binacional.
Esta infraestructura, considerada uno de los principales corredores de intercambio entre Colombia y Venezuela, permanece sin paso vehicular tras la decisión adoptada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), debido al riesgo estructural que presenta.
La medida se adoptó tras evidenciar afectaciones en las bases, accesos y el terreno que soporta el puente. Factores como la erosión, el socavamiento y el arrastre de material por el río Táchira han comprometido su estabilidad.
Obras en marcha
Mientras se mantiene el cierre, desde el lado venezolano el Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó que ya hay maquinaria pesada en la zona.
Los trabajos incluyen dragado del río, encauzamiento de la corriente y obras de protección hidráulica. Estas intervenciones buscan estabilizar el terreno y avanzar en la recuperación de la infraestructura.
El cierre se proyecta inicialmente por un periodo de 15 días, mientras se ejecutan estas acciones.
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Impacto económico en la frontera
El hecho ya genera efectos directos en la dinámica comercial. Comerciantes, transportadores y empresarios reportan dificultades en la movilidad de mercancías, retrasos en las entregas y aumento en los costos logísticos.
Este corredor es clave para el tránsito diario de carga y pasajeros, por lo que su cierre afecta especialmente a pequeños y medianos comerciantes que dependen del flujo constante en la frontera.
A esto se suma la preocupación por un posible incremento en los pasos irregulares, lo que podría aumentar los riesgos en materia de seguridad.
Mientras avanzan las obras de intervención, los sectores económicos hacen un llamado a las autoridades para implementar medidas que mitiguen las afectaciones.
El objetivo es garantizar la continuidad del comercio, clave para la estabilidad económica de Cúcuta y Norte de Santander.
