Caso de maltrato animal en un parque de Ocaña deja aterrados a sus habitantes.
Por: Sebastián Trujillo – Periodista TRO Digital.
El pasado 5 de septiembre, una escena aterradora conmocionó a la comunidad ocañera, cuando sorprendieron a un joven de 21 años cazando palomas y decapitándolas con los dientes en un parque del sector.
El señalado es Ronald Stiven Trigos Rodríguez, quien presuntamente llevaba varias semanas apareciendo en la Plazoleta 29 de Mayo para cazar a las aves. Según las autoridades, su accionar seguía un patrón. Observaba a las palomas desde cierta distancia, escalaba los palomares y, en cuestión de segundos, atrapaba a los animales para cometer el acto de brutalidad. Testigos afirmaron que la conducta no era nueva, pues otras aves habían aparecido decapitadas en zonas cercanas como el Parque San Francisco.
La Policía Nacional informó que varios ciudadanos denunciaron a Trigos Rodríguez y registraron los hechos. Cuando los uniformados llegaron, lo sorprendieron en flagrancia; aunque intentó huir, lo redujeron y capturaron. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de muerte a animal agravada, cargo que el joven no aceptó. Sin embargo, un juez de control de garantías decidió enviarlo a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
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“Ese señor debe tener un trastorno mental, lo que hizo es maltrato animal. Deben tomar medidas correspondientes, no queremos más violencia contra los animales”, señaló un habitante de Ocaña. Otro ciudadano advirtió: “Hoy son las pobres palomas, mañana podría atacar a una persona”.
De acuerdo con la legislación colombiana, la Ley 1774 de 2016 tipifica el maltrato animal como un delito que puede conllevar penas de prisión de 12 a 36 meses, además de multas económicas. Organizaciones defensoras de animales han reiterado el llamado a fortalecer las campañas de educación y cultura ciudadana, pues consideran que la crueldad hacia los animales es un síntoma preocupante de violencia social.
Por ahora, el caso de Ronald Stiven Trigos Rodríguez continuará en manos de la Fiscalía y el juez de control de garantías, mientras la comunidad exige sanciones ejemplares y mayor control en los espacios públicos para prevenir que hechos como este vuelvan a repetirse.
