Álvaro Uribe es declarado culpable de dos de los tres delitos: fraude procesal y soborno en actuación penal

En un juicio que se prolongó por más de ocho horas, la jueza Sandra Liliana Heredia declaró culpable al Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, mientras lo absolvió del cargo de soborno simple.

Redacción: Laura Camila Pinilla – Periodista

La jueza halló acreditado que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, ejecutó una estrategia para inducir a testigos a retractarse de sus denuncias, especialmente el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, recibiendo ofertas de dinero y otros beneficios. Según Heredia, Uribe tenía conocimiento directo de esas acciones y actuó como determinador del plan.

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También confirmó que Uribe persistió en presentar documentos y testimonios que llevaban a la Corte Suprema versiones falsas o erradas —como los memorias de alias “Tuso Sierra”— con el fin de desacreditar el proceso en su contra. La magistrada consideró que tales maniobras alteraron el curso de la justicia de manera deliberada.

La jueza exoneró al expresidente de este cargo, al comprender que la Fiscalía no logró demostrar que Uribe estuviera directamente involucrado en ese tipo de soborno.

¿Qué implica este fallo dentro del proceso?
La sentencia en primera instancia no es definitiva y aún admite recursos de apelación por parte de la defensa. La condena por estos delitos podría acarrear una pena entre seis y doce años, aunque dadas las condiciones del expresidente (edad, falta de antecedentes y buena conducta), hay posibilidad de detención domiciliaria si la pena no supera los ocho años.

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La magistrada advirtió sobre intentos de “instrumentalizar la justicia” y destacó la necesidad de proteger la independencia judicial frente a presiones políticas y mediáticas, describiendo el caso como un ejemplo de “realismo mágico” aplicado al derecho.

Analistas coinciden en que este fallo llegará en tiempos electorales y podría influir decisivamente en la campaña presidencial y el equilibrio político nacional, al tiempo que desata un debate sobre la imparcialidad del sistema judicial.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, se comprometió públicamente a respetar la sentencia y garantizar la protección institucional de la jueza Heredia ante posibles amenazas o presiones.

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