La Defensoría del Pueblo alertó que, tres meses después del terremoto del 10 de agosto, cientos de miles de personas continúan sin respuestas suficientes. La entidad pidió al Gobierno Nacional agilizar los recursos para atender a las familias afectadas.
Redacción: Daniel Castro – TRO Digital

A tres meses del terremoto ocurrido el 10 de agosto, la Defensoría del Pueblo advirtió que 776.000 personas afectadas siguen a la espera de soluciones gubernamentales. La entidad advierte dificultades en la atención a las familias damnificadas.
Según el informe de la entidad, la reconstrucción requiere una inversión de 58,29 billones de pesos. Esta cifra evidencia un déficit financiero estatal superior a los 50 billones, que representa uno de los principales desafíos para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.
Damnificados enfrentan dificultades para recibir ayudas
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la situación de las viviendas, los centros de salud y los planteles educativos afectados. Estos daños comprometen las condiciones de vida de las comunidades y aumentan la necesidad de soluciones oportunas.
El informe también identificó fallas en los registros de las personas afectadas y en la entrega oportuna de ayudas humanitarias. Estas dificultades pueden retrasar la atención de los hogares que necesitan asistencia tras la emergencia.
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A esta situación se suman los problemas que enfrentan las familias con los subsidios de arrendamiento.
La entidad también señaló dificultades relacionadas con los albergues temporales. Según la información reportada, estos espacios carecen de protocolos adecuados para responder a las necesidades de la población damnificada.
Defensoría pide agilizar la atención a las familias afectadas
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno Nacional agilizar los recursos necesarios para atender a las personas afectadas por el terremoto.
La entidad insistió en la necesidad de garantizar los derechos básicos de las comunidades damnificadas. La respuesta institucional debe abordar tanto la reconstrucción de la infraestructura como la entrega de ayudas y las condiciones de alojamiento temporal.


