El proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia superó su último trámite legislativo luego de que la Cámara de Representantes lo aprobara con 95 votos a favor y 10 en contra.

Redacción: Jorge Colmenares – Periodista TRONoticias

La corporación respaldó el mismo texto que previamente había aprobado el Senado de la República, por lo que no será necesario acudir a una conciliación entre las dos cámaras del Congreso.

De esta manera, la iniciativa quedó lista para pasar a sanción presidencial, último paso para convertirse en ley.

¿Qué contempla la Ley de Sometimiento a la Justicia?

Entre los puntos más destacados de la iniciativa está la exclusión de negociaciones políticas con organizaciones criminales. El proyecto establece un mecanismo de sometimiento a la justicia ordinaria, sin reconocer estatus político a estas estructuras.

La propuesta contempla reducciones de hasta el 50 % de las penas para los integrantes de base y de hasta el 30 % para quienes hayan ejercido funciones de mando. Estos beneficios estarán sujetos al cumplimiento de las condiciones establecidas en la norma.

Además, la iniciativa excluye de los beneficios a quienes tengan condenas en firme por reclutamiento ilícito o uso de menores en delitos, de acuerdo con las disposiciones aprobadas.

Para los delitos de lavado de activos y testaferrato, el texto fija condiciones penales específicas, incluida una pena mínima de seis años para testaferros y colaboradores que busquen acceder al mecanismo, condicionada a la entrega total de los bienes ilícitos.

El proyecto también mantiene las órdenes de captura y extradición, sin establecer su suspensión automática para los integrantes de estas estructuras que decidan someterse a la justicia.

Reacciones políticas tras la aprobación

El oficialismo celebró la aprobación de la iniciativa y la presentó como un avance en la lucha contra la impunidad y el desmantelamiento de las estructuras criminales.

Por su parte, sectores de la oposición, entre ellos integrantes del Pacto Histórico, anunciaron acciones judiciales al considerar que el proyecto otorga facultades excesivas al Ejecutivo y podría afectar las garantías de las víctimas.

Con la aprobación del mismo texto en Senado y Cámara, la iniciativa completó su trámite legislativo y quedó pendiente de sanción presidencial.