La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló como máximos responsables a 11 antiguos comandantes de las Farc-EP. Entre ellos, están dos exintegrantes del último Secretariado. La investigación documentó asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones, torturas y violencia sexual. Santander está entre los territorios afectados.
Redacción: Edward Pinilla – Periodista TRONoticias
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 antiguos comandantes de las extintas Farc-EP, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias ‘Pastor Alape’. La decisión los señala como máximos responsables de graves hechos cometidos por los bloques Caribe y Magdalena Medio en el norte y nororiente del país.
La determinación es adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, dentro del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables que comete guerrilla.
De acuerdo con la investigación, los 11 comparecientes deberán responder por crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado y ataques contra la población civil.
Además de destrucción de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, tortura, tratos crueles y violencia sexual.
733 víctimas y comunidades sometidas al control armado
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La decisión responde a los relatos y acreditaciones de 733 víctimas, entre campesinos, docentes, líderes sociales, comerciantes, autoridades locales, comunidades indígenas y afrodescendientes, además de integrantes de la Fuerza Pública.
La JEP estableció que las estructuras guerrilleras habrían desarrollado patrones de violencia para imponer control social y territorial sobre las comunidades.
La investigación también documentó ataques durante operaciones armadas, tomas guerrilleras, emboscadas y utilización de explosivos en zonas habitadas por civiles.
Santander, entre los territorios golpeados por la violencia
El departamento de Santander aparece entre las regiones afectadas por las acciones del antiguo Bloque Magdalena Medio. La JEP documentó amenazas, desplazamientos y asesinatos contra integrantes de organizaciones campesinas. Entre ellas, está la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y juntas de acción comunal.
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Según el expediente, líderes y lideresas fueron perseguidos por oponerse al reclutamiento de sus hijos, al pago de extorsiones y a otras imposiciones de la organización armada. Algunos fueron señalados como objetivos militares, mientras sus comunidades quedaron sometidas a amenazas y desplazamientos.
También fueron documentados asesinatos de representantes religiosos en Santander. Entre los casos mencionados por la Jurisdicción están el homicidio del sacerdote José Antonio Beltrán Monsalve, ocurrido en Landázuri en 1991, y otros ataques contra comunidades de fe.
¿Qué sigue en el proceso contra ‘Timochenko’, ‘Pastor Alape’ y los otros excomandantes?
Los 11 comparecientes tienen plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para reconocer por escrito los hechos o rechazarlos. También podrán presentar argumentos y pruebas adicionales.
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Por su parte, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público podrán presentar observaciones hasta el 8 de febrero de 2027.
La Jurisdicción también ordenó a los antiguos comandantes entregar la información disponible para contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas. La investigación identificó a 54 personas cuyo paradero continúa sin conocerse.
Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y aportan verdad, el proceso podrá avanzar hacia una audiencia de reconocimiento y eventuales sanciones propias de la justicia transicional, con restricciones efectivas de derechos y libertad, pero sin cárcel. Si niegan su responsabilidad, sus casos podrían pasar a un juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y, de ser encontrados responsables, enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La decisión constituye un nuevo avance en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por las antiguas estructuras de las Farc-EP y en la búsqueda de verdad para cientos de víctimas que durante décadas esperaron respuestas de la justicia.
