Ante la gravedad de la situación por los incendios forestales presentados en el Tolima, el presidente Abelardo de la Espriella, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) establecido en el municipio de San Luis, anunció la declaratoria de calamidad pública departamental.
REDACCIÓN: Daniel Santaigo Castro – TRO Digital
Esta medida busca contrarrestar el impacto de los incendios forestales que han devastado la región desde el pasado 10 de agosto, coincidiendo de manera crítica con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país ese mismo día.
Hasta el momento, las llamas han arrasado con más de 50.000 hectáreas en el departamento, de las cuales unas 28.000 corresponden a terrenos destinados a la actividad agropecuaria. El impacto económico y social es profundo: la emergencia ya afecta a 23 municipios y 507 veredas, dejando a más de 2.800 productores damnificados y poniendo en riesgo inminente a más de 163.000 animales por la falta de agua y alimento.
Las pérdidas iniciales se estiman por encima de los $134 millones, en un escenario de “multiamenaza” donde el departamento también asimila los estragos del terremoto, el cual dejó afectaciones en 44 municipios, con 85 viviendas colapsadas y más de 3.200 averiadas.
La calamidad pública como un salvavidas
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La declaratoria de calamidad pública representa un salvavidas administrativo para acelerar la respuesta estatal. De acuerdo con el marco legal, esta figura permite al Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), agilizar las contrataciones directas sin necesidad de licitaciones públicas, así como facilitar traslados presupuestales expeditos entre secretarías para fortalecer el financiamiento de los organismos de socorro.
Para mitigar el desastre, el Ejecutivo presentó un robusto plan de reconstrucción y alivios financieros. En el aspecto habitacional y productivo, se otorgarán 343 subsidios de vivienda rural por un valor de $65 millones cada uno, además de destinar $7.000 millones para la recuperación de cultivos y proyectos productivos perdidos. Para alimentar al ganado sobreviviente, se distribuirán 5.000 toneladas de heno y una cantidad equivalente de tamo de arroz, complementadas con una partida de $2.000 millones para adquirir pastos de las variedades mombasa y angleton.
En materia financiera, la entidad Finagro congelará durante tres meses la amortización de las deudas de los productores afectados y abrirá un programa de compra de cartera para pequeños y medianos campesinos.
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Sin embargo, el origen de las conflagraciones ha generado una fuerte controversia política y judicial. El presidente De la Espriella denunció públicamente la existencia de “manos criminales” detrás de los incendios, señalando que intereses delictivos, minería ilegal y disidencias de las FARC buscan golpear al campesinado y sembrar el terror.
Ante esto, ordenó la creación de un grupo élite especial de la Fuerza Pública para capturar a los responsables y ofreció una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información sobre los pirómanos, así como $500 millones por alias “Yamaha” y alias “Leonel”, cabecillas del frente Jerónimo Galanos del Estado Mayor de ‘Iván Mordisco’ que operan en el sur de la región.
Las tensiones aumentaron luego de que la Gobernadora del Tolima recibiera amenazas de muerte tras denunciar penalmente estas presuntas acciones deliberadas.
