Casi 12 años después de los hechos, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Benjamín Méndez Asenso, exintegrante del Ejército Nacional, por su presunta responsabilidad en la muerte de un hombre ocurrida en Girón, Santander.
El homicidio se registró el 24 de agosto de 2014, a tan solo 15 días para que se cumplan 12 años del caso. Según la investigación, esa noche un grupo de soldados profesionales realizaba labores de patrullaje, vigilancia y registro en una calle de una ciudadela del municipio.
Durante el procedimiento, varias personas que se encontraban reunidas en el sector fueron abordadas por los uniformados. En medio de la intervención, uno de los hombres decidió retirarse del lugar.
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La Fiscalía sostiene que Méndez Asenso habría entablado una conversación con la víctima y posteriormente le habría disparado por la espalda con su arma de dotación. El impacto le ocasionó heridas que terminaron provocándole la muerte.
Uno de los elementos que hace parte de la investigación es el hallazgo de una granada de fragmentación junto al cuerpo de la víctima.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el artefacto habría sido colocado después del disparo con el propósito de desviar la investigación y hacer parecer que la muerte estaba relacionada con una amenaza armada.
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Una investigación que tomó más de una década
El proceso estuvo a cargo de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Durante las investigaciones fueron recopilados testimonios y otros elementos materiales probatorios que, según la Fiscalía, permitirían ubicar al entonces soldado en el lugar de los hechos.
También se estableció preliminarmente que habría existido una conversación entre el uniformado y la víctima antes del disparo.
Con estos elementos, la Fiscalía presentó el caso ante un juez y judicializó a Méndez Asenso para que responda por su presunta responsabilidad en los hechos.
La judicialización no significa que el exmilitar haya sido condenado. Será la justicia la encargada de determinar, durante el proceso, si existe responsabilidad penal a partir de las pruebas que sean presentadas y controvertidas por las partes.
