Durante dos días, víctimas y exmilitares se enfrentarán en audiencias por 15 casos ocurridos entre 2007 y 2008 en el municipio de El Carmen.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará los días 6 y 7 de mayo una nueva audiencia territorial en Ocaña para avanzar en el esclarecimiento de casos de ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo.
Redacción: Natalia Montañez López – Periodista TRO Digital

En este espacio, víctimas y comparecientes se encuentran nuevamente cara a cara para aportar a la reconstrucción de la verdad.
Qué casos se investigan en la audiencia
La jornada se centrará en 15 casos de falsos positivos que dejaron 17 víctimas en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, entre los años 2007 y 2008.
Según la JEP, en la audiencia participarán 42 comparecientes. La mayoría perteneció a la Brigada Móvil N.° 15 del Ejército. También estará presente una civil señalada de haber participado en la selección de víctimas.
El objetivo: avanzar en la verdad
El magistrado Pedro Elías Díaz Romero explicó que este espacio busca profundizar en los aportes ya entregados en audiencias anteriores realizadas en Cúcuta y San Calixto.
Uno de los casos que se revisará es el de María Eugenia Ballena Mejía, señalada como presunta reclutadora de algunas víctimas. La mujer ingresó a la justicia transicional tras haber sido condenada previamente por la justicia ordinaria.
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Quiénes eran las víctimas
Las investigaciones han establecido que las víctimas eran principalmente campesinos y jóvenes de la región, en condiciones de alta vulnerabilidad.
Muchos se dedicaban a labores agrícolas, comercio o trabajos informales. Según los hallazgos, estas condiciones facilitaron que fueran engañados, asesinados y luego presentados falsamente como bajas en combate.
En varios casos, las autoridades han documentado la manipulación de escenas con armas y uniformes para simular enfrentamientos.
Un proceso clave en el Catatumbo
Esta audiencia hace parte de los procesos territoriales que adelanta la JEP para esclarecer crímenes cometidos durante el conflicto armado en el Catatumbo.
El objetivo es determinar responsabilidades, garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en la construcción de memoria y justicia en la región.





