El Gobierno nacional presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para intentar revertir la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026. La decisión marca un nuevo capítulo en la controversia jurídica que rodea el aumento decretado por el presidente Gustavo Petro.
Redacción: Natalia Martínez – Periodista TRO Digital
El recurso busca que la misma corporación judicial revise la medida cautelar que dejó sin efectos temporales el decreto. Mientras tanto, el incremento anunciado no puede aplicarse hasta que el alto tribunal tome una nueva decisión.
¿Qué fue lo que suspendió el Consejo de Estado?
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto mediante el cual el Ejecutivo fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento cercano al 23,7 %.
La suspensión no significa que el aumento sea ilegal de manera definitiva. Sin embargo, sí implica que el decreto queda sin efectos mientras se analiza la demanda de fondo.
En términos prácticos, esto quiere decir que el salario mínimo decretado no puede regir hasta que exista una decisión final o se levante la medida cautelar.
¿Qué es un recurso de súplica?
El recurso de súplica es una herramienta jurídica que permite pedirle al mismo tribunal que revise una decisión tomada por uno de sus magistrados o por una sala.
No se trata de una apelación ante otra instancia. Por el contrario, es una solicitud interna para que el órgano judicial reevalúe si actuó correctamente al imponer una medida provisional.
En este caso, el Gobierno sostiene que la suspensión del decreto fue desproporcionada y que el tribunal habría anticipado argumentos que corresponden a un fallo definitivo.
Es decir, el Ejecutivo considera que la decisión cautelar fue más allá de lo que permite la ley en esta etapa preliminar.
¿Cuáles son los argumentos del Gobierno?
En el documento presentado ante el Consejo de Estado, el Ejecutivo argumenta que:
- La suspensión excede los límites propios de una medida cautelar.
- El tribunal habría hecho un análisis que corresponde al fondo del proceso.
- La decisión afecta la política económica y social sin una sentencia definitiva.
Además, el Gobierno sostiene que el salario mínimo es una herramienta de política pública con impacto directo en millones de trabajadores, por lo que suspenderlo genera efectos económicos inmediatos.
¿Qué implica esto para trabajadores y empresas?
Mientras el recurso es estudiado, la suspensión sigue vigente. Por lo tanto, el aumento decretado no puede aplicarse.
Esto genera un escenario de incertidumbre para trabajadores que esperaban el ajuste salarial y para empleadores que deben calcular costos laborales con base en la normativa vigente.
En paralelo, el Gobierno podría verse obligado a emitir un decreto transitorio mientras se define el litigio.
¿Qué puede pasar ahora? Tres escenarios posibles
El tribunal emite una decisión intermedia.
Podría modular los efectos de la medida mientras continúa el proceso.
El Consejo de Estado revoca la suspensión.
En este caso, el aumento entraría en vigor mientras se estudia la demanda principal.
El Consejo mantiene la suspensión.
El decreto seguiría sin aplicarse hasta que exista una sentencia definitiva.
Es importante aclarar que el recurso de súplica no define si el aumento es legal o no. Solo determina si la suspensión provisional fue correcta.
Un debate que trasciende lo jurídico
La controversia no es únicamente técnica. El salario mínimo tiene un fuerte componente político y social.
Para el Gobierno, el aumento responde a la necesidad de proteger el poder adquisitivo en un contexto de inflación y presión económica.
Para sectores críticos, el incremento podría tener efectos en empleo, informalidad y costos empresariales.
Por eso, la discusión ha escalado del plano administrativo al debate nacional.
¿Cuándo se conocerá la decisión?
El Consejo de Estado deberá estudiar el recurso y emitir una determinación en los próximos días o semanas. No existe un plazo fijo, pero la decisión será clave para definir el panorama salarial inmediato del país.
Mientras tanto, el salario mínimo continúa en el centro de la discusión pública, en un escenario donde lo jurídico, lo económico y lo político convergen.
