Exdirector de la Fiscalía en Norte de Santander, imputado por delitos sexuales contra una subalterna

César Rojas Arias, quien dirigió las seccionales de Norte de Santander, Magdalena Medio y Vichada, fue acusado por cuatro delitos sexuales agravados y acoso laboral.

La Fiscalía General de la Nación imputó cuatro delitos sexuales a César Rojas Arias, exdirector de la Fiscalía Seccional Norte de Santander entre 2014 y 2017. Por presuntamente abusar de una subalterna durante su paso por la institución. El caso se adelanta con enfoque de género ante el Tribunal Superior de Bogotá.

El exfuncionario enfrenta graves acusaciones por los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, acto sexual violento y acoso sexual. Según la investigación, Rojas habría aprovechado su posición jerárquica para asediar y agredir sexualmente a una funcionaria durante un periodo de aproximadamente nueve meses.

De acuerdo con la Fiscalía, el exdirector habría utilizado su cargo para intimidar a la víctima con amenazas de traslado o represalias laborales si no accedía a sus exigencias. Aunque Rojas no aceptó los cargos, el proceso judicial continúa para determinar su responsabilidad en los hechos.

César Rojas Arias tuvo una amplia trayectoria en la entidad, ocupando cargos directivos en las seccionales del Magdalena Medio y del Vichada. Lugar donde fue trasladado en septiembre de 2017, tras su paso por Norte de Santander. Durante su gestión en Cúcuta, mantenía contacto con los medios de comunicación locales a través de ruedas de prensa sobre temas judiciales relevantes.

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Este caso se suma a una serie de escándalos recientes que han involucrado a funcionarios públicos de la región. En las últimas semanas, fueron capturados el capitán Isaac de Jesús Carmona Meléndez y el patrullero Yordan Rangel Mora. Señalados de participar en el secuestro de un comerciante en la vía hacia La Playa de Belén. Asimismo, fue detenido Jefferson Vladimir Merchán Cote, asistente forense de Medicina Legal, acusado de cobrar dinero a cambio de información sobre cadáveres.

Este caso representa un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y prevención frente a los abusos de poder dentro de las instituciones públicas.

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