Siguen las denuncias por parte de los habitantes del Catatumbo, afirman que siguen los retenes ilegales en las diferentes vías de la zona.
Por: Diego Quintero – Periodista TRO Digital
La crisis de orden público en el Catatumbo sigue en aumento. Habitantes de diferentes municipios denunciaron la instalación de retenes ilegales en vías principales y terciarias, así como un crecimiento en los casos de desapariciones y secuestros, lo que mantiene en zozobra a la población.
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De acuerdo con las comunidades, en carreteras entre Tibú y Cúcuta, así como en los trayectos hacia Convención y Ocaña, hombres armados realizan controles irregulares, obligando a los pasajeros a mostrar sus teléfonos celulares y restringiendo la movilidad.
“En las noches se hace imposible transitar, porque los grupos armados imponen toques de queda y revisan a las personas que se desplazan”, Relató un campesino de la región, quien pidió reservar su identidad por seguridad.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que cerca de 50 personas permanecen secuestradas en el Catatumbo, mientras que en Arauca hay otras 18 retenidas por grupos armados. Además, organizaciones sociales han alertado que las desapariciones se concentran principalmente entre Tibú y La Gabarra, generando miedo entre los transportadores y comerciantes que a diario recorren esas rutas.
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A finales de agosto se conoció el caso de un comerciante secuestrado en zona rural de Convención, lo que se suma al plagio de un joyero de Cúcuta ocurrido semanas atrás.
“La situación es muy compleja, las comunidades están quedando en medio de las disputas y los hechos violentos no paran”, expresó un líder social del municipio de El Tarra.
Según cifras de Naciones Unidas, la crisis humanitaria en esta subregión ha dejado más de 60 personas muertas, 18.000 desplazadas y alrededor de 46.000 niños sin clases en lo corrido del año. Municipios como Tibú, Teorama, El Tarra, Convención y San Calixto figuran entre los más afectados.
“Lo que pedimos es que se garantice la vida y la tranquilidad de la gente; no podemos seguir expuestos a esta violencia”, puntualizó un habitante del corregimiento La Gabarra.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la necesidad de acompañamiento humanitario y diálogo con las comunidades para frenar la escalada violenta que azota al Catatumbo.
