Redacción: John Fredy Pita Navarro – TRO Digital.

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adoptar medidas de reserva para proteger la identidad de las víctimas de violencia sexual y de género en el macrocaso 11.

 La petición se dio luego de que la JEP decidiera compartir la identidad de las víctimas con los comparecientes y sus abogados, lo que podría poner en riesgo su privacidad. La Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, destacó que “se deben tomar medidas más estrictas para garantizar la protección efectiva de los datos de las víctimas”.

Además, la Procuraduría expresó su preocupación por las restricciones impuestas por la JEP sobre la participación directa de las víctimas. En lugar de permitirles intervenir de manera directa, la JEP exige que lo hagan únicamente a través de apoderados y con una solicitud escrita. La Procuraduría consideró que estas medidas “limitan indebidamente los derechos de las víctimas a participar plenamente en el proceso”.

La Procuraduría también solicitó que no se limite la estrategia de divulgación y pedagogía de la JEP hasta el 31 de diciembre de 2024, como estaba previsto inicialmente. “no resultara suficiente para garantizar que la JEP y los demás entes del Estado lleguen a cada una de las víctimas”, señaló la Procuradora, haciendo énfasis en la necesidad de extender esta estrategia en todo el país.

En este sentido, la Procuraduría instó a la JEP a asegurar que todas las víctimas de violencia sexual y de género tengan acceso a su derecho a la participación. En el contexto del conflicto armado, “la violencia sexual ha sido una de las formas de victimización más invisibilizadas”, por lo que el proceso de justicia transicional debe garantizar su visibilidad y protección.

Finalmente, la Procuraduría reiteró su llamado a la JEP para que se asegure el cumplimiento de los derechos fundamentales de las víctimas durante todo el proceso.