LA FUERZA PÚBLICA EN CÚCUTA CUENTA CON NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LABORES DE INTELIGENCIA Y JUDICIAL

En el marco de la implementación de la estrategia ‘Cúcuta Territorio Seguro’, el alcalde Jorge Acevedo entregó 45 automotores a la fuerza pública, los cuales contribuirán al desarrollo de las acciones y labores de inteligencia, con vehículos no uniformados, y judicial de las especialidades de la Policía, Ejército y Fiscalía.

Con un acto protocolario, el mandatario cucuteño reiteró el compromiso de la administración municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de fortalecer las capacidades institucionales de la fuerza pública.

“Nos hemos propuesto trabajar. Septiembre fue un mes con una disminución en delitos, extorsión, hurto y homicidio; es un logro que nos impulsa a continuar la lucha contra la criminalidad. Hemos dado certeros golpes contra bandas delincuenciales como Los Porras, Ak-47, Los Manzaneros, Carlos Pecueca y el Tren de Aragua. Los cucuteños deben creer en la institucionalidad”, dijo el mandatario local.

Acevedo también mencionó la puesta en funcionamiento del Batallón de Policía Militar y la llegada a Cúcuta del Gaula Metropolitano.

Reacciones

El mayor Carlos Martínez, comandante (e) del Batallón Policía Militar, destacó la importancia de estos nuevos recursos: “Estas herramientas son fundamentales para desarrollar las operaciones dentro de la estrategia de seguridad articulada. Con su apoyo, fortaleceremos nuestras acciones y consolidaremos los resultados en la lucha contra el crimen”.

Por su parte, el brigadier general José Roa, comandante de la Región N. 5, aseguró: “Este parque automotor cumple con todas las especificaciones técnicas necesarias para reforzar los servicios de seguridad en Cúcuta. Con una mejor movilidad y tecnología, estamos convencidos de que podremos prevenir delitos y garantizar la protección de la vida y el bienestar de los cucuteños”.

Al acto asistieron autoridades civiles, policiales, militares, representantes de gremios, líderes comunales y concejales.

Las operaciones también afectaron las rentas criminales, incautándose 267 millones de pesos por contrabando y 1.000 millones de pesos en mercancía. En aplicación de la Ley 1801, se impusieron 1.146 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y se incautaron 254 armas punzocortantes. 

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