REDACCIÓN: TRO DIGITAL

Según las autoridades municipales, se sugiere investigar a los exalcaldes y a la exgerente del Ente Gestor debido a las fallas en el proceso de renegociación de la deuda.

Durante un debate sobre la inclusión de las metas de Metrolínea en el Plan de Desarrollo de Bucaramanga, el asesor del Alcalde Jaime Andrés Beltrán, Jhon Manuel Delgado, propuso que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación disciplinaria sobre este asunto. Delgado destacó la responsabilidad política de los alcaldes y gerentes anteriores en las decisiones que llevaron a la situación actual del Sistema Integrado de Transporte Masivo -SITM-. También mencionó la necesidad de examinar las acciones de la exgerente en relación con la oportunidad de negociación según la Ley 550.

Aunque el gobierno de Jaime Andrés Beltrán Martínez no tiene autoridad disciplinaria, insta a la Procuraduría a realizar estas investigaciones. Esta solicitud se suma a los hallazgos de una auditoría realizada por la Contraloría de Bucaramanga para el año 2023, que dio lugar a dos procesos: uno administrativo contra Metrolínea S.A. y otro disciplinario contra la exgerente, Yolima Espinel Blanco.

Según la Contraloría, la gestión de la entidad careció de acciones para obtener liquidez y apoyo financiero de los municipios del área metropolitana, accionistas del ente gestor, para hacer frente a las dificultades económicas. Sin embargo, Espinel Blanco argumentó que los recursos se enfocaron en el Sistema de Transporte y no podían destinarse al pago de deudas del ente gestor. En cuanto al proceso fallido de la Ley 550, la exgerente explicó que Metrolínea intentó negociar con los acreedores sin éxito, una afirmación que fue rechazada por la Contraloría.