Fueron judicializados seis miembros de una constructora quienes se habrían apropiado de 4.800 millones de pesos en un proyecto de vivienda de interés social en Piedecuesta, Santander.

Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación judicializó a seis integrantes de la firma Qbica Constructores, quienes se habrían apropiado de 4.800 millones de pesos de más de 200 familias que invirtieron en el proyecto de viviendas de interés social Torres del Campo.

En el año 2012, la firma inició a promocionar apartamentos en el barrio Barro Blanco, con un costo de 45 millones de pesos, los cuales aparentemente serían entregados en 2014, convirtiéndose en una interesante solución de vivienda.

La Fiscalía capturó por orden judicial este 7 de marzo a José Julián Silva Bueno y Juan Camilo Corrales, representantes legales de la constructora para la época de los hechos, Jaime Rafael Galvis Vásquez, asesor jurídico y Fredy Augusto Amaya, accionista y representante legal desde el 2018 hasta el 2023, quienes fueron imputados por los delitos de estafa agravado, urbanización ilegal y concierto para delinquir, los imputados fueron afectados con medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Por su parte, Elizabeth Mantilla, directora de ventas y Gloria Amparo Mojica, ejecutivas de ventas, cumplirán la medida de aseguramiento en su domicilio, según lo expuesto por la Fiscalía.