Procuraduría investiga retrasos en obras de colegios en Santander
Redacción: Marianne Rincón – TRO Digital
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra los representantes legales de los Fondos de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) por presuntas irregularidades en la ejecución de obras en instituciones educativas de Málaga, Santander, y en cuatro municipios de Caldas. La investigación busca esclarecer los motivos detrás de los significativos retrasos en proyectos que debieron completarse hace más de tres años.
Retrasos en infraestructura escolar bajo la lupa de la Procuraduría
La investigación se centra en Francisco José Schwitzer Sabogal, Carlos Andrés Salazar Pajoy, Isabel Cristina Herran Enciso, Martha Mogollón Parada y Adriana González, quienes, en su calidad de particulares en ejercicio de funciones públicas, estarían involucrados en la gestión deficiente de estas obras. Según la Procuraduría, los retrasos no solo han prolongado innecesariamente la ejecución de las labores, sino que también han aumentado los costos para el Estado, impactando negativamente a las comunidades educativas de Málaga, Chinchiná, Neira, Supía y Pácora.
Los proyectos, que inicialmente debían finalizar en un año, aún no han sido entregados tras más de tres años de iniciados. La Procuraduría señaló posibles irregularidades en la planeación, seguimiento y supervisión de estas obras, lo que podría haber contribuido a las demoras.
Implicaciones de los retrasos
El Ministerio Público advierte que estas demoras pueden derivar en sobrecostos significativos para el Estado y, lo que es más preocupante, afectar a miles de estudiantes que dependen de estas infraestructuras para su educación. La mala planeación y ejecución de las obras ponen en riesgo la continuidad y calidad de la enseñanza en las regiones afectadas.
La investigación busca establecer si los implicados incurrieron en faltas disciplinarias y si sus acciones o inacciones pueden ser justificadas bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad. Con la recolección de pruebas, la Procuraduría determinará los pasos a seguir en este caso que ha encendido las alarmas sobre la eficiencia en la gestión de proyectos educativos en Colombia.
